Sánchez premiará a los inmigrantes que denuncien delitos de odio paralizando su expulsión

El PSOE no renuncia a conseguir que las estadísticas de delitos de odio encajen con sus anuncios. Pedro Sánchez y el ministro Grande-Marlaska sostienen que el discurso de Vox está generando un caldo de cultivo que dispara la delincuencia por motivos de odio. En ese capítulo criminal se encuentran los delitos de género o los de racismo. Y el PSOE prepara ya un premio para los inmigrantes que denuncien uno de estos delitos: un premio consistente en nada menos que la paralización del expediente de expulsión. De facto, el inmigrante lograría un permiso para permanecer en España, al menos, hasta que se esclareciese la denuncia.

La reforma aparece recogida en el informe de ponencia del PSOE de cara a la nueva legislación en materia de inmigración. El documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se encuentra ya en el Senado. Y allí se puede leer el siguiente punto: “Modificar la normativa de extranjería para que permita que las personas extranjeras que carezcan de autorización de residencia en España queden exentas de responsabilidad administrativa y no se les incoe el expediente administrativo sancionador de expulsión del país cuando hayan sido víctimas de un delito de odio; como sucede con las mujeres víctimas de violencia de género y las personas víctimas de trata”.
Todo un incentivo a valorar de cara a denunciar delitos de odio.

Hay que recordar que Sánchez ha pretendido ya usar denuncias como la del falso ataque homófobo de Malasaña con el fin de atacar a Vox y exigir que el PP no pueda pactar con la formación de Santiago Abascal. Tras descubrirse la falsedad de la denuncia, el discurso de los socialistas y podemitas viró hasta afirmar que daba lo mismo la veracidad o no de ese ataque concreto porque lo importante era que las estadísticas de delitos de odio crecían.

La nueva medida, efectivamente, ayudará que estas denuncias aumenten todavía más. La reforma que pretende lanzar el PSOE incluye más puntos. Quiere “abordar una reforma de la nacionalidad por residencia que incorpore una reducción sensible de los plazos máximos establecidos actualmente, la revisión de los supuestos de renuncia a la nacionalidad anterior y la valoración de la trayectoria de integración, más allá de examen, como elemento preeminente a la hora de evaluar las condiciones del acceso”.

Además, Sánchez quiere “realizar, en la línea de las recomendaciones del Defensor del Pueblo del 9 de marzo de 2020, una modificación exhaustiva de los artículos 148, 190, 196, 197, 198 y 211 del Real Decreto 557/2011, con el objeto de asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes bajo la guarda y/o tutela de las comunidades autónomas».

La modificación establecerá que:

-Se consideren regulares a todos los efectos aún sin disponer de tarjeta de residencia, cuya obtención será considerada una mera formalización de la misma, conforme al art. 37.5. de la L.O. 1/2000.

-Seguir garantizando que dispongan automáticamente de autorización de residencia y trabajo a partir de los 16 años (Instrucción 1/2020 de la SEM).

-Cuenten con autorización de residencia y trabajo concedida y vigente desde su ingreso en el sistema de protección, siempre que hayan alcanzado la edad laboral, y hasta los 18 años, eliminando la vigencia inicial de 1 año. En caso de que hayan accedido a ese derecho habiendo alcanzado los 17 años, su residencia inicial tendrá vigencia de mínimo 1 año.

-Únicamente sean considerados indocumentados aquellos menores de edad que no dispongan de pasaporte o documento que acredite su edad e identidad. Y, en caso de no poder ser documentados a través de sus países de origen, serán documentados con cédula de inscripción tramitada de oficio.